Nuevos pasos hacia la estandarización de la facturación electrónica

Ya habíamos hablado en el blog sobre los pasos que se están dando, a nivel europeo, de cara a normalizar y estandarizar el uso de la factura electrónica en la contratación pública. Tras la reciente directiva del mes de enero, en abril, se ha anunciado una nueva que va dando forma a la norma europea que tendrán que cumplir todos los gobiernos de la UE en las facturas que reciban en el contexto de sus contratos públicos.

Este documento, que se ha publicado este mayo, obligará a los Estados Miembros de la UE a aceptar facturas electrónicas conformes con una norma europea para el modelo de datos semánticos destinado a los elementos esenciales de una factura electrónica (es decir, sobre qué información debe contener la factura) y con un número limitado de sintaxis (es decir, de normas sobre cómo escribir esa información).

Ahora queda pendiente la elaboración y publicación de dicha norma, que ha sido encargada al organismo de normalización europeo que deberá detallar este modelo de datos semánticos destinado a los elementos esenciales de una factura electrónica y de esta lista de sintaxis.

Así mismo, en la nueva Directiva, se especifica ya el plazo máximo para la entrada en vigor de esta obligatoriedad, que se extiende hasta el 27 de noviembre de 2018 para las administraciones centrales y hasta el 27 de noviembre de 2019 para las administraciones territoriales.

Como ya hemos mencionado anteriormente, el gobierno español ya se había puesto en marcha hacia la obligatoriedad de emitir las facturas a la administración en formato electrónico, con un plazo de adaptación hasta enero de 2015. No parece que quiera esperar a la norma europea, ni a los plazos que la UE ha fijado, por lo que es fácil deducir que habrá cambios a posteriori, obligando a sus proveedores a adaptarse de nuevo cuando la norma sea publicada y se aproximen los finales de plazo europeos.

Debido al rápido avance del entorno digital en el mundo de la empresa, las administraciones de los diferentes países ya han empezado a aceptar el hecho de que la factura electrónica ya es una realidad y que es importante ir regulándola en paralelo a su implantación en los procesos del tejido empresarial. Además, la posiblidad de ahorro en recursos es un punto de gran valor para un gobierno como el español en la situación económica actual. La agilidad en la gestión gracias a la automatización va a permitir reducir la morosidad de la administración, lo cual es un importante factor de cara a la recuperación del sector empresas. Y, especialmente, la capacidad de trabajar con los datos e información que se extraen de forma limpia y ordenada al digitalizar por completo el proceso de recepción y gestión de los pagos va arroja una visibilidad fundamental para extraer conclusiones sobre el estado del motor económico que son las empresas del país.

Por todo esto no es de extrañar que el gobierno haya sido ambicioso al plantear el plazo de enero de 2015 para la factura electrónica en España. Y es fácil presuponer que, tarde o temprano, se establecerán las pautas para llevarlo también a los contratos privados entre empresas.

Nuestro consejo ante esta situación es que se utilice una herramienta de gestión de facturación electrónica y de workflow de facturas, gestionada y con capacidad de adaptación a todos los cambios que se vayan produciendo.

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